Informe Planeta Vivo 2024:
reportes y hallazgos clave

1. En tan solo 50 años (1970-2020), se ha producido una catastrófica disminución del 73% en el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas.

2. Las disminuciones más pronunciadas de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas se registran en América Latina y el Caribe (95%), África (76%), Asia-Pacífico (60%) y en los ecosistemas de agua dulce (85%).

3. La pérdida y degradación del hábitat, impulsada principalmente por nuestro sistema alimentario, es la amenaza para las poblaciones de vida silvestre que más se reporta en todo el mundo, seguida de la sobreexplotación, las especies invasoras y las enfermedades.

4. La disminución de las poblaciones de vida silvestre puede ser un indicador de alerta temprana del aumento del riesgo de extinción y la posible pérdida de ecosistemas saludables. Cuando los ecosistemas sufren daños, pueden volverse más vulnerables a los puntos de inflexión, es decir, ser empujados más allá de un umbral crítico que dé lugar a un cambio sustancial y potencialmente irreversible.

5. Contamos con acuerdos y soluciones globales para encaminar a la naturaleza hacia la recuperación para 2030 pero, hasta ahora, el progreso ha sido poco en la ejecución y falta urgencia.

6. Necesitamos acciones que estén a la altura del desafío. Esto significa coordinar más esfuerzos de conservación que sean más efectivos, al mismo tiempo que se abordan sistemáticamente las principales causas de la pérdida de la naturaleza. Esto requerirá nada menos que una transformación de nuestros sistemas alimentarios, energéticos y financieros.

7. WWF hace un llamado a los países para que elaboren e implementen planes nacionales sobre naturaleza y clima más ambiciosos que incluyan medidas para reducir el consumo excesivo a nivel mundial, detener la pérdida de biodiversidad, tanto doméstica como importada, y reducir las emisiones, todo de manera equitativa.

También instamos a los gobiernos a destinar una mayor financiación pública y privada para permitir acciones a gran escala y a alinear de mejor manera sus políticas y acciones en materia de clima, naturaleza y desarrollo sostenible. Tanto los gobiernos como las empresas deben actuar para eliminar rápidamente las actividades que tienen impactos negativos sobre la biodiversidad y el clima, y redirigir la financiación de prácticas nocivas a actividades que permitan cumplir con los objetivos globales.